Desafíos Judiciales ante Incendios: 26 Denuncias en Bolivia

En el primer semestre de 2026, Bolivia reportó un total de 26 denuncias por incendios, una cifra que representa una ligera disminución respecto a las 28 denuncias del mismo periodo en 2025, lo que equivale a una reducción del 7,1%.

Santa Cruz lideró las denuncias con 11 casos, contrastando con los 19 reportados en la misma etapa del año anterior. Esto indica una notable disminución, que sugiere un cambio en la dinámica de los incendios en la región.

El segundo lugar lo ocupa Tarija, donde se registraron cuatro denuncias, dos más que en la gestión anterior. En tanto, Cochabamba y La Paz comparten el tercer espacio con tres denuncias cada uno, mientras que Pando y Oruro reportaron dos, y Chuquisaca y Potosí no tuvieron casos en este periodo.

A pesar de esta disminución en las denuncias, el problema de los incendios forestales persiste y ha generado un gran impacto ambiental, afectando miles de hectáreas y requiriendo la intervención de bomberos, policías, autoridades y voluntarios para combatir las llamas.

El artículo 206 del Código Penal boliviano establece sanciones de dos a seis años de prisión para quienes causen peligros mediante incendios. Sin embargo, la dificultad radica no solo en iniciar procesos legales, sino en garantizar que estos avancen y concluyan en sentencias.

La Procuraduría General del Estado ha identificado más de 174 procesos penales relacionados con incendios, de los cuales muchos no han progresado por las dificultades para identificar responsables. En contraste, entre 2023 y 2024, se lograron nueve sentencias condenatorias en casos graves.

Se ha planteado la necesidad de modificar las penas para hacerlas más estrictas, especialmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se discuten propuestas para endurecer las sanciones por incendios, especialmente en una época donde Tarija ha visto afectadas más de 10.000 hectáreas por este fenómeno.